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Sobre Investigación y Tipo Penal

Hemos recorrido un camino largo en el que la tranquilidad de nuestra vida ha sido suplantada por la tortura, no sólo por la incertidumbre de no saber dónde están nuestros familiares desaparecidos, sino también por el trato indolente que recibimos de servidores públicos, entre ellos, los responsables de la investigación.

Es responsabilidad del Estado mexicano llevar a cabo las investigaciones de manera científica, transparente y expedita.

Hablar de investigación en las instancias mexicanas es igual que enunciar el capítulo de algún libro de fantasía, pues en México la investigación en casos de desaparición de personas es dirigida por nosotras, familias de las víctimas, quienes al asumir el rol del Ministerio Público investigador, somos criminalizadas por las propias autoridades, porque los resultados que obtenemos de nuestras investigaciones, señalan la responsabilidad directa del Estado, y su colusión con el crimen organizado. Debido a esto, el Estado nos coloca en una situación de vulnerabilidad y riesgo: somos sujetas de secuestro, extorsión, desplazamiento, tortura, e incluso, asesinatos. Esto como la afirmación de una innegable realidad.

Actualmente el Estado carece de una metodología de investigación para los casos de desaparición de personas y muchas de las investigaciones, dirigidas por las familias, tienen su base en el sentido de intuición y lógica, ausente en muchos agentes investigadores y del Ministerio Público, situación que sin duda hace más complejo obtener un resultado positivo.

Por ejemplo, en el caso de las líneas de investigación propuestas por las familias, éstas no son tomadas en cuenta por el Ministerio Público, pues muchas de ellas señalan la responsabilidad del Estado, por acción u omisión, en las desapariciones. Y en otros casos, por su incapacidad técnica de realizar una investigación científica. Esta situación tiene como resultado una investigación simulada encaminada a la protección de los responsables. Algunas de las estrategias que el Estado utiliza para deslindarse y detener las investigaciones son: declararse incompetente, cerrar las líneas de investigación, enviar el caso reserva, declarar que los responsables y los desaparecidos han sido asesinados, y criminalizar a las víctimas.

Atestiguamos que las desapariciones en México son generalizadas y no un fenómeno aislado, por ello hemos llevado a cabo infinidad de solicitudes para que se realice una investigación contextual generadas con el apoyo de unidades de análisis de contexto, de capacitación y profesionalización de los agentes investigadores y del Ministerio Público, pero poco o nulo es el caso que nos han hecho y nuestra voz se pierde en la cerrazón de los servidores públicos que sospechosamente obstruyen las investigaciones.

Mantenemos nuestro derecho a coadyuvar en las investigaciones, sin importar la nacionalidad ni el país de residencia de las familias y sus representantes. Con la firme convicción que deben ser dirigidas por personal capacitado y profesional que con nuestro apoyo pueda generar una investigación científica y no una investigación de papel como las de ahora.

Exigimos la coordinación obligatoria entre autoridades investigadoras en todos los niveles de gobierno, así como con otros países a través del mecanismo trasnacional. Asimismo, es necesaria la centralización de las investigaciones en una sola instancia y evitar la dispersión de los expedientes.

También exigimos nuestro derecho a mecanismos de transparencia, y rendición de cuentas en la investigación de la desaparición de nuestros familiares, incluyendo tener acceso a expedientes locales y federales, de manera física y copias.

Tipos Penales

Otro aspecto que denunciamos de forma constante es la impunidad que caracteriza al Estado mexicano.

Identificamos que una de las puertas de impunidad es la ausencia de una adecuada tipificación del delito de desaparición forzada y por particulares, y de la perversa manipulación del término “personas no localizadas” o “ausentes”, por parte del Estado mexicano. Al respecto exigimos un correcto uso del lenguaje, llamar a las cosas por su nombre.

Es necesaria la correcta tipificación del delito de desaparición forzada y la incorporación del delito de desaparición por particulares. Con eso se daría un paso para acceder a la justicia, a la verdad y la sanción a los responsables, para esto no solo es necesario que la Ley se publique sino que se cumpla. Por ello exigimos se tome en cuenta nuestra siguiente propuesta:

Tipo penal de desaparición forzada

Se entenderá por el delito de desaparición forzada: la privación de la libertad en cualquier forma cometida por un servidor público o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de un servidor público, seguida de falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de la libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida o de la negativa a proporcionar información sobre la suerte o el paradero de la persona desaparecida.

Tipo penal de desaparición por particulares

Se entenderá por el delito de desaparición por particulares: la privación de la libertad en cualquier forma cometida por personas o grupos de personas que actúan sin la autorización, el apoyo o la aquiescencia de un servidor público, seguida de falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento o de la negativa a proporcionar información sobre la suerte o el paradero de la persona desaparecida.

A las conductas arriba descritas, exigimos que se sancionen otras conductas concurrentes a la desaparición, como el ocultamiento de cadáveres, desaparición de pruebas, menores nacidos en cautiverio, entre otras.

Ante la dificultad de obtener información de parte de personas detenidas para localizar a nuestros familiares, exigimos también atenuantes y beneficios procesales para quienes colaboren de manera efectiva, por ejemplo, respecto de aquellas personas que brinden información certera sobre la ubicación y paradero de nuestros familiares.

Pedimos que las penas consideren la extrema gravedad del delito, y otras agravantes y sanciones accesorias, como la inhabilitación definitiva para desempeñar funciones como servidor público.

Exigimos que esta ley recoja la realidad de las víctimas y sus familias.