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Derechos de las víctimas

Los derechos de las víctimas aquí enunciados, han sido elaborados a lo largo de un proceso de movilización, de experiencias y de luchas, que nos han permitido el reconocimiento compartido de nuestra propia dignidad. Son derechos, en el mejor de los casos, reconocidos pero aún no realizados de manera efectiva; en el peor, son derechos inexistentes en la legislación actual, desconocidos por un Estado y una sociedad que no comprenden la verdadera dimensión de la tragedia que vive México, y especialmente la que vivimos los familiares cuyos seres queridos han sido víctimas de desaparición.

Si bien en la actualidad contamos con una Ley General de Víctimas, la Ley que exigimos debe tomar en cuenta la especificidad de los derechos en casos de desaparición de personas, comenzando por el reconocimiento de la personalidad jurídica de la persona desaparecida; por tanto, debe tomar en cuenta:

  • El derecho que toda persona desaparecida tiene a ser buscada de manera inmediata, sin importar condiciones particulares de la víctima e independientemente de la razón de la desaparición o de la actividad que realizaba previa o al momento de la desaparición.
  • Los derechos que podrán ejercer las familias, en particular el acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral.
  • Retomar la experiencia de las víctimas en los procesos y mecanismos que deriven de los procesos legislativos y de diseño de políticas públicas y en las labores de investigación, garantizando así su derecho a la participación y a la coadyuvancia.
  • La implementación de mecanismos de rendición de cuentas y vigilancia ciudadana en la Ley y en los procesos que de la misma emanen.
  • La definición de víctima debe considerar a las personas desaparecidas y sus familiares, así como aquellas que tengan un vínculo afectivo directo con la persona desaparecida.

Los colectivos de familiares demandamos que la Ley reconozca los siguientes derechos como imprescindibles:

  1. Derecho a la verdad y a la justicia: Las víctimas y la sociedad, exigimos nuestro derecho a conocer la verdad acerca de las circunstancias en que se cometieron los delitos, aquellos factores que propiciaron su comisión, las circunstancias que motivaron la desaparición de nuestros seres queridos, la identidad de los responsables y su sanción, además de la suerte que corrió la víctima y su paradero. El Estado tiene la obligación de llevar a cabo acciones que construyan y preserven la memoria colectiva.
  2. Derecho a la participación: Incluye acciones de búsqueda e investigación, así como el acceso a información clara, precisa y de forma periódica tanto de expedientes como de información relevante sobre el posible paradero de nuestros familiares desaparecidos. También se debe garantizar este derecho en la formulación de leyes y políticas dirigidas a las víctimas y sus familiares.
  3. Derecho a la educación, la salud, vivienda y trabajo: Se debe garantizar el acceso a dichos derechos, tomando en cuenta la especificidad del daño causado por la desaparición y las necesidades específicas para evitar un mayor daño, en especial a niños y niñas. Se deberán crear programas sociales, y adaptar los existentes a las condiciones particulares de vulnerabilidad en que se encuentran las familias de las personas desaparecidas incluyendo familias de personas migrantes.
  4. Derecho a la protección: Garantizar medidas de protección para víctimas, familias y cualquier otra persona que participe en el procedimiento penal, investigaciones y búsqueda, que respondan a la especificidad de los riesgos y amenazas. Estas medidas se deben otorgar a través de un procedimiento sencillo que, entre otras, identifique a las autoridades responsables (organismo autónomo) de implementar dichas medidas.
  5. Derecho al acceso a medidas de atención, asistencia y ayuda: Es indispensable diseñar e implementar programas especiales, donde se tome en cuenta el daño específico y las necesidades y vulnerabilidades particulares de las víctimas. El acceso a dichas medidas, incluida la atención médica o psicológica, debe ser inmediatamente después de la desaparición de la persona con el objeto de evitar que el daño sufrido se agrave, con especial atención a niños y niñas, migrantes, y a familias que residen en otros países. Establecer que el acceso a las medidas puede continuar aún en casos donde sus restos fueren identificados o repatriados. Los programas deben incluir capacitación en materias que pueden ayudar a la búsqueda e investigación, así como al conocimiento de sus derechos.